La violencia sexual es pan de cada día en nuestro país, ante los ojos de un gobierno y un sistema de «justicia» que no hace NADA para revertir está situación.
Incluso durante el estado de emergencia se han registrado numerosos casos de violencia sexual,
sobre todo a menores de edad, por parte de familiares o personas cercanas.
Violadores que sienten el poder de la impunidad, que el estado peruano les brinda cada que una denuncia no es aceptada en las comisarías.
Sobreviviente que son una y otra vez violentadas por un sistema que las ignora y responsabiliza por la violencia que sufrieron.
En Perú tenemos casos como el de José Felizardo Zoriano, que tiene ocho denuncias de
violación sexual, siendo su última víctima fue su hija de 13 años, en Chontalí, Cajamarca.
Quién luego de ser liberado intentó quemar a la menor, mientras la mamá se encontraba realizando las compras y la hermana menor huía pidiendo ayuda.
Como el de Javier Enríquez Aguirre, agresor de una menor de 17 años en Villa El Salvador que
NUNCA fue investigado o capturado.
Producto de esta violación quedo embarazada y se le negó el derecho al aborto terapéutico, a pesar
de tener un embarazo de alto riesgo, que terminó en un parto prematuro y la muerte del neonato.
Y esta historia de impunidad se repite una vez y otra, cada que las comisarías se niegan a recibir
una denuncia o un juez decide liberar a un agresor, dejando a las víctimas expuestas a una nueva agresión, que puede ser mortal.
