El domingo 16 de marzo se decretó una cuarentena de dos semanas, para contener el contagio del coronavirus (CO-VID 19). Pero, ¿Qué impacto tiene esta medida en la vida de las niñas y mujeres en nuestro país?
El 50.8% de la población es femenina, según el censo 2017 del INEI, en Perú; es decir que alrededor de 16 millones de personas en este país son mujeres, en su mayoría mujeres jóvenes o adolescentes.
Diversas violencias conectadas
El 65.7% de la población tiene un trabajo informal, mayoritariamente femenino y precario. Además del alto índice de mujeres que son dependientes económicamente de sus parejas, que en la mayoría de casos es su agresor.
Por lo que la medida de cuarentena impide que estas mujeres, sus hijes y familiares, obtengan el sustento diario que les permite subsistir y les vuelve más vulnerable a los abusos.
En una situación donde el sistema de salud no se da abasto, es sobre las mujeres que recae el de la salud familiar. Lo que significa una carga física y emocional sobre ellas, que vulnera su derecho a una salud integral.
Y una realidad invisibilizada son las trabajadoras sexuales, en su mayoría trans, que no tienen acceso a su fuente de ingresos, ni al apoyo estatal; por no estar en radar de estos.
Si bien el estado está otorgando bonos económicos, la realidad es que estos bonos no llegarán a toda la población que lo necesita, debido a que no son consideradas dentro de los padrones que se han realizado.
El mayor número de denuncias por violación son hacia niñas y adolescentes, por parte de familiares y vecinos; por lo que en una situación de cuarentena las mujeres son las más propensas a ser víctimas de violencia sexual.
Sin un verdadero plan contra la violencia de género en estas emergencias, las mujeres son más propensas a ser víctimas de diversas violencias.
Cuarentena y Servicios de Salud
En estos momentos el servicio de salud no puede darse a basto para tratar a las personas contagiadas por el coronavirus, por lo que se ha detenido la atención a otros servicios de salud.
Tal como es el caso a las mujeres que requieren acceder a un aborto terapéutico, antes que se cumpla el plazo establecido, o las que han tenido dificultades médicas por un procedimiento voluntario; una realidad que el estado no ha tomado en cuenta.
Pero que no persuade a las mujeres de su decisión de interrumpir un embarazo no deseado, pero que las puede exponer a mayores riesgos al no tener atención médica ante una emergencia.
