En Perú, sólo en el 2018, 364 peruanas murieron durante el parto, o en los días siguientes, por una condición de salud relacionada a su embarazo y/o parto.
Lamentablemente estas muertes, el dolor de estas mujeres y sus familias parecen no importarles a las congresistas de Fuerza Popular Arimborgo, representante de Loreto ni a la congresista Salazar representante de Lima.
Ellas han presentado un proyecto de Ley para impedir el acceso al aborto terapéutico,increíblemente, su proyecto no incluye referencias, ni un análisis de cuantas mujeres podrían morir, o quedar con serias secuelas de salud, como consecuencia de la aplicación de tal iniciativa legislativa.
Las congresistas Arimborgo y Salazar omiten la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que señala que los derechos no son absolutos, que se debe ponderar el derecho de las gestantes con el del concebido, y que es esta ponderación, la que permite legalizar el aborto, aun en países como el Perú, que reconoce los derechos del concebido.
Además, estas congresistas de Fuerza Popular, no mencionan que su proyecto de ley viola el principio de cumplimiento progresivo de los Derechos Económicos Sociales y Culturales – DESC que exige que los Estados adopten las medidas necesarias hasta el máximo de los recursos disponibles para lograr progresivamente la plena efectividad de estos. No se puede hacer leyes que hagan a los países retroceder en derechos ya adquiridos. Recortar el derecho al aborto terapéutico, ignorando que al hacerlo se sentencia a la muerte a muchas mujeres no sólo es cruel, sino va en contra de los compromisos internacionales adquiridos por el Perú.
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