Este miércoles 11 de diciembre amaneció con una triste noticia. Katie Marisol Alberca tenía solo 29 años de edad cuando perdió la vida por sufrir una hemorragia al tener que someterse a un aborto clandestino en la Piura, exponiendo su vida al igual que muchas mujeres a nivel nacional porque ven limitado su derecho al acceso a servicios de salud legales y seguros que cubran sus necesidades.
Según el noticiero América TV el médico que la atendió mencionó que Katie tenía el diagnóstico de un embarazo no evolutivo; es decir que el feto ya no presentaba latidos, por lo que se debía someterse a un legrado. A pesar que organismos como la OMS (Organización Mundial de la Salud) recomienda procedimientos menos invasivo como es el AMUE (Aspiración Manual Endouterina), las y los profesionales de salud tienen poca preocupación por la seguridad de las mujeres que acuden a sus consultorios por una solución y las atienden en situaciones precarias y sin cubrir los mínimos de salubridad para garantizar una correcta atención.
Los organismos internacionales estiman que cada año ocurren 14 millones de embarazos no planeados en América Latina y el Caribe; de estos, 46% terminan en aborto; siendo la mayoría abortos clandestinos e inseguros, ya que América Latina tiene leyes sumamente restrictivas en torno al derecho a interrumpir el embarazo las personas con capacidad de gestar se ven obligadas a acudir a servicios clandestinos que no garantizan una correcta atención ni contención en caso de emergencias; tal como el caso de Katie y muchas más; siendo lo más grave que son las personas con capacidad de gestar pobres las que se ven expuestas a estos servicios clandestinos inseguros, porque no pueden pagar mejores condiciones. Entonces cuando escuches a alguien decir que “protege las dos vidas”, preguntale si la clandestinidad protege alguna vida.
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