El aborto inseguro es un problema de salud pública que cada vez cobra más víctimas. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año 210 millones de mujeres empiezan un embarazo, pero sólo 130 millones terminan en nacimientos y en el Perú, se conjetura que cada año se produce alrededor de 350 mil abortos (aproximadamente un aborto por cada 2 nacimientos). Este grupo de mujeres está constituido sobre todo por aquellas que son pobres y que no tienen acceso a información y servicios de salud sexual y salud reproductiva.
En Perú, el único tipo de aborto legal posible se aplica cuando la vida o la salud de la gestante están en riesgo grave o permanente. La promulgación del Protocolo de Aborto Terapéutico (PAT) data del año 2014. Considerando que este derecho tiene poco tiempo de ejecución, en la actualidad persisten obstáculos vinculados a motivos como: estigamatización del aborto por parte de profesionales de la salud, trabas burocráticas, falta de información y beneficiarias sin acceso oportuno a servicios de salud.
A su vez, tampoco hay registros sobre el índice de acceso a este derecho, lo cual también puede ser indicador que existan sub-registros de ILE (Interrupción Legal del Embarazo). Si bien la mayoría de las personas están expuestas a obstáculos para el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva en general, estos inconvenientes se convierten en un impedimento significativo cuándo atraviesan un embarazo que pone en riesgo su salud o su vida. Ese grupo de mujeres está constituido sobre todo por aquellas más empobrecidas, jóvenes y niñas. Muchas deciden someterse a un aborto inseguro, en condiciones de riesgo, y con graves consecuencias para su salud: muerte, problemas obstétricos, infertilidad, infecciones y violencia de género solo por mencionar algunos ejemplos.
Pese a que el PAT está vigente desde el 2014, son pocos los casos que se registran desde su implementación. Según una investigación realizada por Foro Salud (2018) si bien fueron atendidos 22 mil abortos durante el 2016, solo 77 fueron registrados como terapéuticos. En ese sentido, es preocupante que hospitales a nivel regional no registren o informen sobre atenciones hechas por abortos terapéuticos. Los casos de aborto no se especifican, lo cual evidencia la invisibilización y el subregistro que existe sobre el aborto terapéutico, los cuales probablemente sean identificados con otro diagnóstico.
La falta de información sobre la implementación del protocolo de aborto terapéutico levanta sospechas sobre el grado de aplicación del mismo. Una de las regiones que más sorprenden es Loreto en la selva peruana, puesto que no registra ningún caso de aborto terapéutico tratándose de una de las regiones más afectadas por el embarazo adolescente, violaciones y morbimortalidad materno infantil. A raíz de la ausencia de casos, surgen interrogantes: ¿No hay gestantes que requieran ese procedimiento médico? ¿Los casos que se presentan son registrados bajo otro diagnóstico? ¿El personal de salud está capacitado para brindar esa opción en tanto derecho de las mujeres y niñas? ¿El personal de salud ejerce objeción de consciencia? ¿Saben las mujeres que pueden optar por una ILE en caso fuera necesario?
